El oficialismo llegó a un acuerdo con sectores de la oposición y convocará a sesión el jueves de la semana que viene en la Cámara de Diputados para tratar el Régimen Penal Juvenil, que tiene como punto principal la baja de la edad de imputabilidad.
Si bien el proyecto original impulsado por Milei proponía bajar la edad de imputabilidad a los 13 años, el año pasado bloques aliados como el PRO, la UCR, la Coalición Cívica e Innovación Federal presionaron para poner el límite en 14 años. Tal como adelantó Infobae, el PRO y la UCR ya adelantaron que sostendrán esta postura.
Por otro lado, también había reducido de 20 a 15 años de prisión efectiva la pena máxima para delitos graves como homicidio, abuso sexual o secuestro. Eso posibilitó llegar a un texto consensuado el año pasado pero finalmente el oficialismo nunca lo llevó al recinto.
La novedad trascendió tras un reunión entre el presidente de Diputados, Martín Menem, y los jefes de bloque. Estuvieron presentes Gabriel Bornoroni y Silvana Giudici por LLA; Germán Martínez, por Unión por la Patria; Gisela Scaglia, de Provincias Unidas; Cristian Ritondo, del PRO; Alberto Arrúa, de Innovación Federal; Pamela Verasay, de la UCR; Miryam Breman y Romina del Pla; del FIT; Miguel Angel Pichetto y Nicolás Massot, de Encuentro Federal; Oscar Zago, del MID; Claudio Álvarez, de País Federal; Nancy Picón Martínez, de Producción y Trabajo; y José Luis Garrido, de Por Santa Cruz.
Tras el encuentro, uno de los aliados del Gobierno reveló que el “único agregado” que sufrirá el proyecto es un apartado presupuestario a raíz de los reclamos de las provincias. Los gobernadores planteaban que el gasto extra que implica la aplicación del nuevo Régimen Penal Juvenil sea costeado por Nación. La Casa Rosada se comprometió a habilitar que las provincias hagan convenios con Nación para saldar la diferencia.
Ante la consulta de Infobae, los bloques aliados descontaron que el oficialismo conseguirá los votos para avanzar con la media sanción. “El año pasado sacaron el dictámen de mayoría cuando eran minoría, ahora que son la primera mayoría todo indica que será más fácil”, explicaron.
Cómo será el nuevo Régimen Penal Juvenil
El nuevo régimen establecerá el 14 años el mínimo de punibilidad y la condena máxima será de 15 años sólo para delitos graves como homicidio, abuso sexual o secuestro. La privación de libertad sólo se aplicaría como último recurso, por lo que la prioridad serán las penas alternativas como tareas comunitarias, prohibiciones de aproximación con las víctimas o medidas de reparación del daño causado.
A su vez, se pondrá especial énfasis en la creación de institutos especiales donde los menores condenados tuvieran garantizado el derecho a ser educados, a recibir atención médica y tratamiento en caso de adicciones. Todo el personal de los centros de detención debía estar especializado en infancia y adolescencia. A su vez, quedaba terminantemente prohibida cualquier tipo de convivencia con detenidos mayores.
Entre las penas alternativas a la prisión se establece la amonestación, la prohibición de acercamiento a la víctima, servicios comunitarios, monitoreo electrónico, reparación integral del daño, prohibición de concurrir a determinados lugares y la prohibición de conducir vehículos. La posibilidad de reemplazar la prisión por penas alternativas está prevista en delitos cuya pena de prisión sea de hasta 3 años, o de hasta diez años si no hubo muerte ni violencia grave, siempre con dictamen favorable del Ministerio Público Fiscal y tras escuchar a la víctima. Además, se habilitará la suspensión del proceso a prueba y la mediación penal juvenil en infracciones leves, con intervención obligatoria de todas las partes y consentimiento expreso de la víctima.
Como medidas complementarias se incluyen programas educativos, de formación ciudadana, capacitación laboral, actividades culturales y deportivas, asistencia psicológica y médica, y prohibición de consumo de alcohol y estupefacientes, entre otras. El cumplimiento de estas medidas deberá ser controlado por un supervisor especializado, designado por el juez, con formación en educación, psicología, trabajo social o adicciones.
Además, el proyecto contempla intervenciones especializadas para abordar situaciones de salud mental, consumo problemático de sustancias y entornos familiares violentos. En caso de requerir internación, se debía notificar al juez civil competente para asegurar el seguimiento adecuado del caso.
